#QueRenuncieSilvaMeza

Un fantasma recorre México: el fantasma de la desesperanza. Son muy evidentes el sentido de frustración y decepción entre varios grupos (empresarios, estudiantes, académicos, vaya, ¡hasta en la clase política!) ante la situación diaria del país. Son varios los frentes en los que los mexicanos perciben batallas no solamente activas sino que incluso parecen irse perdiendo: la actividad económica no crece acorde a la expectativa generada por las reformas recientes y del mexican moment, la violencia sigue siendo tema recurrente en la prensa y en la plaza pública y la corrupción descarada y jamás castigada sigue siendo modus operandi en todos los órdenes de gobierno.
Ha sido el Presidente Peña Nieto el blanco favorito de la opinión pública antes los acontecimientos de violencia recientes (en particular el presunto asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa): en marchas, en redes sociales, en las sobremesas y en las declaraciones a la prensa de algunos políticos… Sin embargo, aunque el Gobierno Federal tiene un rol crítico en aclarar lo que ocurrió con dichos estudiantes, pareciera que la responsabilidad de la totalidad del problema corresponde a Peña Nieto y su gobierno, cuando el problema fue originado por una autoridad municipal (emanada del PRD) en un estado miembro de la Federación, con un gobierno (también perredista) y leyes locales. ¿Es justo que toda la culpa de los 43 normalistas recaiga casi en exclusiva en EPN? Desde mi perspectiva no lo es.
Se puede estar de acuerdo o no con la administración de Peña Nieto, pero lo que es un hecho, es que el estado de descomposición social era generalizado en el país desde antes de su mandato y en el caso Ayotzinapa, es sorprendente que desde hace semanas no haya sino algunas tímidas referencias al ex alcalde Abarca, al ex gobernador Aguirre o a los funcionarios del PRD que en su momento los designaron candidatos a dichos cargos. Mucho menos se le asigna responsabilidad alguna a los otros dos poderes de la Federación: el Legislativo y el Judicial, sobre todo este último, ya que sin duda el sistema de justicia mexicano se ha caracterizado por ser ineficiente, corrupto e incluso fungir más como garante de la impunidad que de la aplicación de la ley y la justicia. Es cierto que el incremento en la violencia y las operaciones del crimen organizado han crecido exponencialmente durante los dos sexenios de gobiernos panistas, pero también es cierto que es en el sistema judicial donde se generan la mayor parte de los estímulos para delinquir: hay estudios que concluyen que 99% de los delitos cometidos en México quedan sin castigo.
Es evidente que el titular del Poder Ejecutivo tiene muchos más reflectores que el Presidente del Senado (Miguel Barbosa) o el Presidente de la Suprema Corte de Justicia (Juan Silva Meza), pero dada la descomposición del sistema judicial y los altísimos niveles de impunidad, es el Poder Judicial el que puede influir en mayor medida a fortalecer las instituciones y la legalidad en el país, y por ende, inhibir la actividad delincuencial. De poco sirve que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya eminencias en materia jurídica y hombres probos e íntegros, si en los tribunales locales abundan individuos corruptos que permiten que la ley se aplique o se deje de aplicar "al mejor postor". Así como la voz de las redes pide #QueRenuncieEPN por una tragedia originada por un gobierno local (además emanado de un partido diferente al suyo), creo que bien podrían quejarse por la impunidad y la ineficacia de los tribunales locales y solicitar #QueRenuncieSilvaMeza…