La fuga del “Chapo” y los tres poderes
Los niños aprenden en la escuela que el Estado
mexicano está compuesto por tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el
judicial. En teoría cada uno de ellos
está a cargo de tareas distintas y a la vez interdependientes que contribuyen a
que el poder político no se consolide en una sola persona o entidad, lo cual
podría generar un régimen dictatorial y unipersonal. Se supone pues, que el modelo de tres poderes
busca generar contrapesos entre uno y otro “poder”…
En la práctica, el único “poder” visible es el
ejecutivo, representado por el Presidente de la República, e históricamente se
le atribuyen a este todo lo bueno y malo que ocurre en el país. En algunos casos esa “omnipresencia” (fruto
del presidencialismo mexicano del siglo XX) trasciende hasta en los incidentes del
barrio: si hay baches en la calle donde vivo es porque el “preciso” no cumplió
sus promesas de campaña). Esta absurda
percepción ciudadana ha generado que por un lado, se espere del Presidente en
turno que logre objetivos fuera de su alcance; y, por otro, que se le
culpe de prácticamente todo lo que ocurre en la esfera pública del país.
¿Qué ocurre con los otros dos poderes mientras
tanto? A los legisladores ya nos hemos
acostumbrado a considerarlos “becados” casi vitalicios que ni representan a los
ciudadanos, ni legislan pero que constantemente se ven envueltos en escándalos por
sus comportamientos vergonzosos o por sus gastos (con cargo al erario) que
rayan en el derroche descarado. Si a
partir de 1997 los legisladores dejaron de ser mero ornamento para adornar las
decisiones presidenciales, entonces su inmadurez se debe a que apenas están por
cumplir la mayoría de edad… El poder judicial no está mejor. Por un lado está la Suprema Corte, una
especie de olimpo cuyos miembros parecen encargarse de asuntos supra terrenales
que poco o nada tienen que ver con el día al día del país; por otro lado, están
todos los órganos locales de impartición de (in)justicia, donde hasta para
sacar una copia fotostática hay que desembolsar gratificaciones (por no
decirles “mordidas”). Ejemplo este de
las copias fotostáticas que documenta dos cosas: lo arcaico del sistema en el
que todo se tiene que manejar de manera burocrática y en papel (lo cual provoca
una justicia de lentitud paquidérmica), y por otro, la corrupción que ha permeado hasta la
tarea más trivial de los tribunales.
Al presidente Peña Nieto se le han cargado todas las
culpas por la fuga del “Chapo” Guzmán.
Es justo, ya que la gestión de las cárceles y reclusorios son parte de
sus funciones. Lo que no es justo, es
que a los otros dos poderes no se les atribuya ninguna culpa del resto de los
males que aquejan al país (todos ellos parte de un círculo vicioso que tienen
anclado a México y a sus habitantes). El
gran problema de México es el sistema de impartición de justicia, el cual no
castiga a todos los que lo merecen (funcionarios corruptos, miembros del crimen
organizado, ciudadanos de a pie que comenten delitos mayores y menores), ni lo
hace en forma expedita (cuando lo hace).
Vale la pena recordar que hay tres poderes en México, y que los tres son
responsables de los males que nos aquejan.
Dejemos de endosarle todos los males al Presidente de la República y
asignemos responsabilidades a los otros dos poderes de la Unión, que también
tienen su parte de culpa en nuestra mesa de tres patas en las que ninguna de
ellas es del todo funcional.
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